El apagón, la sombra de la privatización de Red Eléctrica y la falta de inversión en infraestructuras ( nuevarevolucion.es )
La privatización de Red Eléctrica iniciada en los 80 ha generado un sistema eléctrico orientado al beneficio privado en detrimento de la seguridad y la sostenibilidad.
El 28 de abril, España sufrió un apagón masivo sin precedentes, que dejó a millones de hogares y empresas sin suministro eléctrico, paralizó el transporte ferroviario y afectó sectores críticos como la industria y los centros de datos. Este colapso, descrito como el peor en la historia reciente de la Península Ibérica, no fue un evento aislado, sino el resultado de décadas de decisiones cuestionables, entre las que destacan la privatización de Red Eléctrica de España (REE), la falta de planificación estratégica y la insuficiente inversión en unas infraestructuras eléctricas cada vez más obsoletas. A pesar de que el Estado mantiene un 20% de participación en REE, su papel en la modernización del sistema ha sido insuficiente, evidenciando una evasión de responsabilidad que ha contribuido a la vulnerabilidad del sistema eléctrico español.
La privatización de Red Eléctrica: Un punto de inflexión
Red Eléctrica de España, creada en 1985 como una empresa pública bajo el Instituto Nacional de Industria (INI), fue concebida para unificar y gestionar la red de transporte eléctrico de alta tensión en el país. Sin embargo, en un contexto de privatizaciones impulsado por la integración de España en la Comunidad Económica Europea, el proceso de venta al capital privado comenzó en los años 80 y se consolidó en 1999, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) gestionó la venta de la mayoría del capital de REE. Este proceso marcó un cambio radical en la gestión de un sector estratégico.
Desde su privatización, el Estado ha mantenido un 20% de las acciones de REE a través de la SEPI, pero el 80% restante cotiza libremente en los mercados financieros, lo que ha orientado las prioridades de la empresa hacia la rentabilidad para los accionistas en lugar de hacia el interés público. Este modelo ha sido señalado como una de las causas principales de la caída en la inversión en infraestructuras críticas, ya que las empresas privatizadas tienden a priorizar beneficios a corto plazo sobre la modernización a largo plazo.
Caída de la inversión y obsolescencia de la red
Desde los años 80, la inversión en la red eléctrica española no ha crecido al ritmo necesario para adaptarse a las demandas de una economía moderna y a los desafíos de la transición energética. La red de transporte, que incluye más de 40.000 kilómetros de líneas de alta tensión y miles de subestaciones, enfrenta problemas estructurales derivados de su antigüedad y de la falta de renovación. Informes recientes, como el de Ernst & Young sobre REE, han advertido sobre el «mayor riesgo de incidentes» debido a la reducción de potencia firme y la dificultad para operar un sistema cada vez más dependiente de
fuentes renovables intermitentes.
La privatización de REE, junto con la de otras empresas energéticas como Endesa, ha transformado un sector que antes operaba bajo criterios de servicio público en un mercado oligopólico dominado por unas pocas compañías privadas. Este modelo ha llevado a una disminución de las inversiones en mantenimiento y modernización, ya que las empresas buscan maximizar beneficios en lugar de garantizar la robustez del sistema. Por ejemplo, en el sur de España, Endesa ha señalado que el 80% de los proyectos de conexión a la red son rechazados debido a la insuficiencia de la infraestructura existente, lo que refleja un «cuello de botella» que frena el desarrollo industrial.
El apagón, atribuido inicialmente a la caída de un cable de alta tensión, puso en evidencia la fragilidad de una red que no ha sido adecuadamente actualizada. Incidentes previos, como el apagón en Cataluña en 2007, ya habían señalado la existencia de un «déficit de inversión en infraestructura», a pesar de los compromisos de REE y otras empresas para reforzar la red. La falta de planificación proactiva y de una regulación que incentive la modernización ha dejado a España con una red eléctrica incapaz de soportar picos de demanda o de integrar de manera eficiente las energías renovables.
La responsabilidad esquiva del Estado
Aunque el Estado conserva un 20% de REE y tiene influencia en su consejo de administración, su papel en la supervisión y planificación del sistema eléctrico ha sido insuficiente. La SEPI, como accionista mayoritario, no ha logrado imponer una estrategia que priorice la inversión en infraestructuras críticas sobre los intereses financieros de los accionistas privados. Además, la designación de figuras políticas, como la exministra socialista Beatriz Corredor como presidenta de REE, ha generado críticas sobre la politización de la empresa y la falta de una gestión técnica orientada al interés público.
El Estado también ha evadido su responsabilidad al no implementar políticas públicas que compensen las carencias del modelo privatizado. La falta de una planificación energética a largo plazo, que contemple la modernización de la red y la integración de renovables, ha dejado al sistema eléctrico español expuesto a colapsos como el del 28 de abril.
Lecciones del apagón
El apagón no solo paralizó la economía española, sino que también puso en el centro del debate la necesidad de replantear el modelo energético. La privatización de REE, iniciada en los años 80, ha generado un sistema eléctrico orientado al beneficio privado en detrimento de la seguridad y la sostenibilidad del suministro. La caída de la inversión, la obsolescencia de las infraestructuras y la falta de planificación han creado un sistema vulnerable que no está preparado para los retos del siglo XXI. El Estado, con su 20% de participación en REE, no puede seguir eludiendo su responsabilidad. Es imperativo que asuma la nacionalización del sector para priorizar el interés general y no el lucro privado.
